Colombia:
Estado criminal asociado o la eterna inmoralidad santanderista
Epígrafes
“Las enemistades entre naciones nacen del deseo de
preponderancia y no del sistema de gobierno”. (Carta a Santander. Quito, 6 de
diciembre de 1822).
“En orden al Derecho Internacional Público es evidente
que, por lo menos en teoría, se podrían solucionar los conflictos jurídicamente
ante los tribunales internacionales, pero ese procedimiento casi no pasa, hasta
ahora, de utópica aspiración”. (Manuel Ossorio y Florit, 1986).
Introito
El uribismo es la fase superior del santanderismo.
Llamemos las cosas por su nombre: el gobierno de
Colombia está totalmente comprometido en la incursión mercenaria que con el
remoquete de Gedeón se acaba de frustrar contra Venezuela. El sub-presidente
Duque dice que él hace las cosas “de frente”, pero eso no se lo cree ni su
mamá; como uribista que es, ha dejado en su andar por las sombras una estela de
víctimas sin ensuciarse de sangre la corbata, aunque en su alma bulle un
infierno de crímenes.
I
Sinopsis de una agresión continuada
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En
octubre de 2001 denunciamos en el semanario El Correo de Nigale, cómo se
planificó en un hotel de Cartagena, Colombia, el golpe de Estado que luego
dieron a Chávez en abril de 2002.
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Ese
mismo año comenzó la infiltración de paramilitares colombianos hacia Venezuela,
para fomentar -en una primera fase- la legitimación de capitales del
narcotráfico y el crecimiento de los delitos de secuestro, extorsión, sicariato,
venta de drogas y robo de vehículos.
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Derrotado
en 47 horas el Golpe de Estado de abril de 2002, para lo cual desde Colombia se
facilitó la entrada de francotiradores de diversas nacionalidades, hacia allá
huyeron el dictadorzuelo Carmona y otros protagonistas de la fracasada
sedición, siendo acogidos con privilegios.
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Capitales
de dudosa procedencia forman empresas petroleras en Colombia con expertos
venezolanos al servicio de la conspiración antibolivariana, con el objetivo de
ejecutar un plan de desmantelamiento tecnológico de PDVSA para rematarla
posteriormente al capital privado transnacional con participación de intereses
económicos colombianos.
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La
elite petrolera vinculada al capital transnacional yanqui con base en Colombia
desata un paro de la industria para derrocar al Gobierno Constitucional de Hugo
Chávez.
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Por la
vía Rio Hacha-Maicao entra a Venezuela el explosivo C4 para el atentado que
ocasionó la muerte del Fiscal Nacional Danilo Anderson.
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Derrotado
el intento de golpe y el paro petrolero, varios de sus instigadores se refugian
en Colombia y establecen allí oficinas para continuar atacando a la Revolución
Bolivariana.
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Dos
instrumentos jurídicos colombianos son utilizados para desatar una guerra
monetaria y comercial contra Venezuela: la Resolución Octava del Banco de la
República que permite el cambismo diferencial en zonas fronterizas y los
decretos presidenciales de Uribe que exoneran municipios fronterizos con
Venezuela de la obligación de mostrar la procedencia y calidad del combustible
expendido. Se desata el fenómeno conocido como “bachaquerismo”, o mal llamado
“contrabando de extracción”, que dejó amplias regiones venezolanas sin
abastecimiento de gasolina, alimentos y medicinas.
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Triangulando
con Miami se establece en Cúcuta un plan destructor del poder adquisitivo del
bolívar para provocar persistentes devaluaciones, contando con la complicidad
de burócratas internos en las finanzas y la banca que jugaron fuertemente al
papel de zapa contra Venezuela.
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Azotada
Venezuela por la hiperinflación y las macro devaluaciones comienza un proceso
de emigración de fuerza de trabajo mayoritariamente calificada, en busca de
salarios en moneda convertible para ayudar a sus familias a sobrellevar la
situación; este hecho fue instrumentalizado por la elite colombiana
conjuntamente con los Estados Unidos y sus secuaces en la OEA, para
estigmatizar a la población venezolana en el exterior con campañas de
linchamiento moral que devinieron en xenofobia y crímenes de odio tipificados
en el Derecho Internacional, pero que por el discurso neoliberal que pregona el
egoísmo y la discriminación fueron posibles para vergüenza de los sectores más
atrasados que protagonizaron verdaderas cacerías antivenezolanas.
-
Colombia
y otros países como Ecuador y Perú comenzaron a quejarse por la presencia de la
población venezolana y convirtieron el tema en una fuente de recursos
provenientes de entes multilaterales y otros donantes, pero esos recursos han
tenido un destino incierto frente a la vulnerabilidad de miles de seres humanos
que han quedado expuestos a toda clase de discriminación y tratos crueles y
humillantes, absolutamente desguarnecidos ante a la pandemia mundial del
coronavirus, y clamando una vía humanitaria para regresar a su patria.
-
Desde
que se inició la patraña montada por Estados Unidos con una supuesta
presidencia interina del diputado en desacato Juan Guaidó, el gobierno de
Colombia no ha hecho otra cosa que dedicarse a servir de portaviones del plan
de intervención. Los hechos recientes le han estallado en la cara sin saber qué
decir.
II
La historia continúa…
Cuando en septiembre de 1828 se intentó asesinar al
Libertador Simón Bolívar en su habitación en Bogotá, todo apuntaba a la autoría
intelectual de Francisco de Paula Santander, pero éste se negó aduciendo que
sólo se enteró del plan magnicida porque algunos de los implicados lo visitaron
días antes para conocer su opinión. ¡Vaya cinismo del cobarde criminal!
El sub-presidente Iván Duque afirma no estar implicado
en la operación Gedeón, pero su gobierno se mostró inmóvil pese a las
revelaciones hechas por el desertor venezolano Clíver Alcalá, quien desde su
residencia en Riohacha reconoció públicamente estar incurso en el contrabando
de armas de guerra, establecimiento de campos de entrenamiento de mercenarios, preparación
de una acción armada contra Venezuela y el financiamiento con dineros de
ilícita procedencia; todo ello en territorio colombiano y en el marco de un “contrato”
firmado por el diputado Juan Guaidó con una empresa estadounidense dedicada a
la guerra.
El ex militar Alcalá Cordones –familia política del
narcotraficante alias “Doble rueda”- permaneció por más de 48 horas en su
vivienda sin que ninguna autoridad colombiana moviese un dedo por aplicar sus
leyes en materia penal. Esperaron pálidos la llegada de la DEA que vino a
rescatar su sabueso.
Esto es realmente escandaloso, y demostrativo que el
mito de un Santander “hombre de las leyes”, es más falso que el “yo no fui” de
Iván Duque. ¿Dónde están las lumbreras egresadas de las prestigiosas academias
de ciencias jurídicas neogranadinas? ¿Dónde está la voz de la Colombia
soberana, decente, democrática, legalista?
Sé que hay una reserva moral bolivariana en Colombia. La
que ha logrado sobrevivir al genocidio iniciado en la “Noche Septembrina”,
continuado por José María Obando y sus sicarios en el martirio del Mariscal
Antonio José de Sucre en Berruecos, rematado por la elite pro-imperialista
contra Jorge Eliecer Gaitán y el pueblo gaitanista, en fin, esa masacre
cotidiana institucionalizada contra la Colombia profunda que ha soñado una
patria digna y justa.
¿Dónde está el grito ahogado de olvidos de los
herederos de Girardot? ¿Dónde los hijos agradecidos de aquel que les dio
existencia, nombre y libertad?
III
Estado criminal asociado…
Lo vengo sosteniendo hace dos décadas: la adhesión
servil de Colombia a los intereses de Estados Unidos es una “razón de Estado” y
viene dada en términos históricos por el santanderismo como parásito de la
Doctrina Monroe.
Las acciones belicosas y delictivas ejecutadas en la
región por el Estado colombiano con ínfulas de guapetón, no tienen otra explicación
sino que éste se sabe apoyado (usado) por el imperialismo yanqui. Apuntemos algunos
episodios demostrativos de esta tesis:
-
Bombardeo
del territorio de la República de Ecuador, demostrando un gran desprecio por
las naciones vecinas y por el Derecho Internacional.
-
Involucramiento
permanente en actos desestabilizadores contra Venezuela, país que recibió
solidariamente a cinco millones de personas colombianas pobres y que
generosamente dio todo para construir la paz de esa nación.
-
Implementación
-por orden gringa- del llamado “Plan Colombia”, que no derrotó ni bajó la
producción de drogas, pero si sirvió para el asesinato de miles de luchadores
sociales, el desplazamiento de millones de personas y la militarización del
país.
-
Entrega
de la soberanía con el establecimiento de siete bases militares al servicio de
Estados Unidos, y otorgamiento de impunidad al personal militar gringo. (Estudios
oficiales demuestran que en apenas cuatro años, entre 2003-2007, al menos 54
menores de edad colombianas fueron abusadas sexualmente por soldados y
contratistas militares de Estados Unidos. Los violadores norteamericanos
quedaron impunes por sus delitos, que la Comisión de Verdad Histórica denominó
como “imperialismo sexual”).
-
Estadísticas
de la Defensoría del Pueblo de Colombia arrojaron que entre enero de 2016 y
febrero de 2017 fueron asesinados 120 líderes sociales, 33 sufrieron atentados
y 27 fueron agredidos. Esta cifra espeluznante de por sí, ya pasa de 700 si
sumamos la mortandad ocurrida durante el actual gobierno. Aquí Duque tampoco ha
ido “de frente”, al contrario, sigue actuando en las sombras como su patrón,
utilizando matones “anónimos” como lo aprendieron de Santander y Obando.
-
Colombia
es el país más guerrerista de Suramérica, con el mayor gasto militar en el
continente después de Estados Unidos, Canadá y Brasil; mientras redujo su gasto
social a mínimos irrisorios, privatizando la salud y casi todos los derechos.
-
En materia
de narcotráfico, en alianza con su amo yanqui, Colombia superó su propio record
en producción de cocaína al pasar las mil toneladas anuales. Esta economía delictiva
mantiene en zozobra al vecindario con la proliferación de estructuras criminales
que controlan el procesamiento y tráfico de la droga hasta su mercado favorito:
el estadounidense, donde finalmente se realiza la ganancia generando cifras
millonarias que aceitan las finanzas del capitalismo yanqui.
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Factor
de caos criminal regional: problematización de toda la costa del Pacífico desde
Ecuador hasta México, pasando por Centroamérica, por donde fluye el 85% de la
droga producida en Colombia.
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Incremento
del tráfico ilegal de armas procedentes de Estados Unidos e Israel, traídas por
los carteles de la droga e introducidas a Colombia para todos los grupos
criminales que deseen acceder al mercado a cielo abierto en el Chocó, Catatumbo
o en Nariño, entre otras zonas controladas conjuntamente por la fuerza armada
colombiana y el narcotráfico.
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Financiamiento
de incursiones paramilitares y mercenarias contra Venezuela, con dineros del
narcotráfico, como les ha asesorado el experto Elliot Abrams.
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Planificación
y ejecución de asesinatos selectivos contra líderes revolucionarios venezolanos
a manos de criminales colombianos, como fue el caso emblemático del joven
diputado Robert Serra.
-
Amenazas
explícitas de ataques militares como el anunciado por Uribe con la frase “me
faltó tiempo”.
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Direccionamiento
al narcotráfico con instrucciones a los carteles para que intenten sacar droga
por Venezuela, con el fin de incluirnos a la fuerza en la lista de países que
permiten el tráfico de estupefacientes.
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Utilización
del territorio colombiano como madriguera de opositores buscados por
delincuentes, militares desertores que entrenan en campamentos ilegales, y asiento
de supuestos gobiernos paralelos al legítimamente constituido, así como de
otros parapetos montados por la oposición venezolana en su locura de dirigir al
país desde el exterior.
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Utilización
de sedes oficiales de instituciones del Estado colombiano, como el senado y la
propia casa presidencial, para reuniones de ilusorias “fiscalías” y “tribunales”
extraterritoriales que sólo alimentan el espejismo de una gobernabilidad enajenada
y absurda; pero que no por estúpidas, dejan de constituir una agresión contra
el derecho soberano de autodeterminación de Venezuela, y la propia
territorialidad colombiana que permite a un fantasmal “gobierno” extranjero
decidir asuntos –incluido el uso de la fuerza- de exclusiva competencia
nacional.
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Utilización
abierta y descarada de territorio colombiano por fuerzas mercenarias
multinacionales para atacar Venezuela con el propósito de asesinar al
Presidente de la República Nicolás Maduro y otras altas autoridades venezolanas,
y todo ser vivo cercano al Presidente, o sea, al pueblo bolivariano.
IV
La gota que derramó la totuma.
El gobierno de Iván Duque se inició agrediendo a las dos
naciones que hicieron posible los acuerdos de paz más importantes de la
historia de Colombia: Cuba y Venezuela.
Al suspender unilateral e irresponsablemente los
diálogos con el ELN, Duque abrió un vacío en un proceso que comprometía al
Estado colombiano más allá del gobierno de turno. Reiterándose en su posición
guerrerista se burló de los Protocolos acordados tras años de trabajo, donde
cinco países sirvieron de Garantes: Brasil, Chile, Noruega, Cuba y Venezuela,
que además fue sede de la aprobación de la agenda que guiaría esos diálogos en
marzo de 2016.
Romper la mesa de negociaciones fue el inicio de la
agresión ordenada por Estados Unidos al peón colombiano que, con la absurda solicitud
a Cuba de “entregar” la delegación del Ejército de Liberación Nacional,
violando la vía protocolar aceptada por las partes con los Garantes como
testigos de buena fe, forzaba, alejado de toda diplomacia y legalidad,
indeseables hostilidades hacia quienes –a petición del Estado colombiano-
ofrecieron su hospitalidad a las partes en pugna para alcanzar la paz.
Esta semana el gobierno de Donald Trump incluyó a Cuba
y Venezuela en una de sus írritas listas, en este caso, de países que no colaboran
con la lucha antiterrorista. Es el colmo de la hipocresía y el cinismo, a un
par de días de la incursión narco-mercenaria desde Colombia, y cuando se
efectuaba un ataque a la sede diplomática cubana en USA.
Venezuela activará la instancia internacional en busca
de justicia, es nuestro derecho. También denunciará ante Naciones Unidas la
agresión de que hemos sido víctimas, donde aparecen involucrados como cómplices
necesarios los gobiernos de Estados Unidos y Colombia. Toda gestión por dar a
conocer la verdad ante los pueblos del mundo debe hacerse. Mientras, la militancia
bolivariana –civil y uniformada- permanecerá en vigilia y disposición combativa.
Sabemos muy bien quién es nuestro enemigo.
Vuelvo a la Historia para descubrir en las cartas
entre Bolívar y Urdaneta, esas lecciones que los bolivarianos no debemos
olvidar ni descuidar un solo segundo.
Cuando la intriga de Santander desata un levantamiento
de tropas acantonadas en Perú contra la oficialidad venezolana, en connivencia
con “un teniente coronel Bustamante, oficial muy oscuro”, que actuaba pagado
por el agente yanqui William Tudor, El Libertador le comunicó al leal General
Rafael Urdaneta, que Santander había estimulado “el odio a los venezolanos”, sembrando
“todas las semillas del crimen y del mal”. “En Bogotá”, le decía, “se han
quitado las máscaras y aplauden los crímenes más atroces”.
Yldefonso Finol
Historiador Bolivariano
