Legitimidad
de la Asamblea Nacional de Venezuela: el combate de estos días
Consumado el triunfo del pueblo de Venezuela con la
realización de las elecciones legislativas del 6 de diciembre, viene ahora el
combate por hacer reconocer la legitimidad de la nueva institución
parlamentaria. Algunos conceptos y enfoques habrá que debatir sobre lo que se
considera legítimo. ¿Es legítimo sólo aquello fijado por la ley? ¿O también
debemos considerar legítimo lo que está asociado a lo ético, lo justo, lo
moral, lo bueno? ¿Estas dos visiones entrarían en contradicción o se
complementarían para una definición integral de la legitimidad? Y aún más,
cabría preguntarse, ¿quién tiene la cualidad de determinar lo legítimo? ¿La
llamada legitimidad de origen, en cuanto a representaciones populares y
nacionales, está determinada por consideraciones cualitativas o magnitudes
cuantitativas? ¿Tienen acaso un grupo de Estados la potestad de interpretar y
calificar la legitimidad de los actos políticos internos de otro Estado determinado?
I
Entremos en materia. Pasemos revista a los aspectos
legales formales que tanto interesan a la clase política tradicional que medra
en la “democracia representativa”, liberal, burguesa, sufragista.
El plazo. La elección del 6 de diciembre no fue el
capricho de un sector político en particular, interesado en sorprender a sus
potenciales competidores y tomar algún tipo de ventaja. Es un mandato
constitucional con vigencia previa desde el 15 de diciembre de 1999, que, en el
caso concreto que nos ocupa, se activó desde el mismo 5 de enero de 2016 cuando
tomó posesión la diputación actual para un periodo de cinco años, conclusivos
en igual fecha del próximo 2021; más allá de la cual, cualquier pretensión de
continuidad es absurda, ilegal, ilegítima y perturbadora, a menos que quien así
lo desee se haya sometido al escrutinio del 6 de diciembre pasado, obteniendo
una votación favorable para considerarse reelecto según el dictamen del Consejo
Nacional Electoral.
El voto. En Venezuela el voto es un derecho que se
ejerce libre de toda coacción. Es un acto voluntario y espontáneo de la
ciudadanía habilitada al efecto. No lo comparo, por elemental elegancia
diplomática, con ningún otro país, pero en Venezuela, votar no es obligado. No
existe ningún tipo de sanción administrativa, civil, política y mucho menos
penal, para quien simplemente se quede en su casa el día de cualquier elección
de las tantas que hacemos. Por eso tampoco es dable una comparación desde otros
Estados donde existen parámetros legales diferentes. Más, si hay un aspecto
significativo de esta particular condición venezolana del voto, y es que la
ciudadanía que decide participar, serena y confiada del carácter personalísimo,
secreto y verificable de su sufragio, es la verdadera y única representación
del Pueblo de la Nación, que ejerce su soberanía en forma directa o indirecta
como actor político fundamental del destino de la Patria.
El árbitro. Este voto venezolano además, goza del
soporte estatal al más alto nivel, puesto que la Constitución de la República
Bolivariana de Venezuela creó el Poder Electoral –según la Doctrina del
Libertador- como entidad autónoma garante de la pulcritud y transparencia de
los procesos eleccionarios, ya que en ellos descansa la solidez de la
democracia participativa y protagónica que insistimos en construir. No es
extraño entonces, que la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, como parte del
Pueblo y arma del Estado Social de Derecho y de Justicia, funja como vigilia
celosa de la pureza de la elección en todo su proceso logístico y de seguridad.
El CNE como rector y encarnación de ese Quinto Poder Público, se ha ganado en
sucesivas contingencias el respeto y credibilidad de la Nación, que confía en
su gestión y sus resultados. La actual directiva del CNE fue renovada en parte
por la vía excepcional del Poder Judicial, precisamente por la dejación que la
diputación saliente hizo de sus obligaciones, para dedicarse a robar activos y
atentar contra la paz de la República, bajo instrucciones de gobiernos
extranjeros hostiles. Esta situación, al contrario de mermarle legalidad a las
autoridades electorales, las eleva en su corresponsabilidad para con la
tranquilidad institucional, política y social de la Patria, puesto que ellas
mismas fueron víctimas de los desmanes de un puñado de peligrosos delincuentes
mercenarizados.
II
Las cuestiones de fondo en esta discusión sobre la
legitimidad, pasan por una profunda reflexión sobre el concepto de soberanía en
sus dos acepciones: popular y nacional. Al descansar la existencia de la
República sobre la Doctrina Bolivariana, es innegociable el hecho que la
autodeterminación y la independencia son inviolables. Ninguna fuerza foránea
puede intervenir en las decisiones que sólo el Pueblo de la Nación debe tomar. El
empeño necio del gobierno de Estados Unidos, de algunos en la Unión Europea y otros
cipayos en la OEA, de “no reconocer” a priori la elección para renovar la
Asamblea Nacional, ya constituye un inaceptable irrespeto a nuestra soberanía,
que desautoriza moralmente a esos Estados para cualquier tipo de interlocución.
Menos debemos perder tiempo atendiendo su estúpida insistencia en ponerle
nombre propio a la jugarreta, como si la opinión de unos extraños fuese a
decidir el destino de la Patria del Libertador Simón Bolívar.
Por el contrario, la mayoría absoluta de la
Organización de Naciones Unidas, o sea, la comunidad internacional, tiene muy
claro que Venezuela se ha dado libérrimamente las instituciones que nuestro
Pueblo aprobó a través de los mecanismos constitucionales establecidos. Entonces,
también en el marco del Derecho Internacional, las actuaciones del Estado
venezolano se apegan a la legalidad y legitimidad que rigen la convivencia en
los organismos multilaterales, tan vilipendiados por esa derecha que nos
agrede.
En esta confrontación continuada a que nos obligan los
imperios decadentes y sus lacayos, tenemos que ser muy inteligentes, explicar
nuestras razones con un lenguaje claro y digerible, masificar nuestros
argumentos, ser convincentes y didácticos, intensificar los esfuerzos
comunicacionales y diplomáticos, también hacia dentro del país, para que los enemigos
queden desenmascarados y aislados en sus pretensiones insolentes. Sí, que quede
explícitamente aclarada la legitimidad formal y esencial de nuestra
institucionalidad republicana, y que la nueva Asamblea Nacional corra a
encontrarse con las exigencias de la Venezuela profunda, la que votó y la que
aguantó callada porque requiere con urgencia volver a tener esperanzas.
Yldefonso
Finol
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